Las plantas de sacrificio de ganado en Colombia, varias décadas de incertidumbre.

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Desde hace varias décadas el estado viene anunciando la implementación de medidas sanitarias y modernización de estos establecimientos en el país. A través del INVIMA el gobierno establece normas y anuncia el apoyo necesario para adquirir nuevas tecnologías, construir plantas ajustadas a las exigencias de higiene, funcionabilidad y salubridad, pero la misma entidad es permisiva, incumple sus planes y proyectos, haciendo que las anunciadas reformas nunca se conviertan en realidad.

No es este un tema reciente, no es un problema de hoy y así lo podemos comprobar revisando las noticias que en los últimos diez años se han referido a “las plantas de sacrificio” en nuestro país.

En el año 2006 la Federación Nacional de Ganaderos – FEDEGAN – llamaba la atención de las autoridades sanitarias y transmitía la siguiente información: “El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, ha emprendido una campaña para llamar la atención de las autoridades sanitarias en todo el país sobre la manera como se está sacrificando el ganado en Colombia. Fedegán alerta que son muy pocos los mataderos que cumplen con toda la reglamentación.

“En el país hay alrededor de 1.400 centros dedicados al sacrificio de ganado, pero solamente unos 80 cumplen con los procesos técnicos y de higiene que se requieren. No hay un control que le permita al ciudadano tener la certeza de que la carne que está consumiendo no tendrá ninguna repercusión negativa en su salud”, aseveró Lafaurie. Según Fedegan, al momento del sacrifico del animal, el 94 por ciento de los mataderos no cuentan con la supervisión de un veterinario ni en el transporte de la carne.

El director del INVIMA, Julio César Aldana, dice que muy pronto iniciaran un censo en todo el país para conocer con certeza cuántos mataderos existen y en qué condiciones operan, sin embargo recordó que la labor de vigilancia de estos establecimientos es responsabilidad directa de las secretarías de salud de cada municipio”.

Diez años después se entregaban estadísticas en las que se conocía que más del 25% de los mataderos existentes en Colombia no cumplían las normas exigidas por el INVIMA y corrían el riesgo de ser cerrados.

“Iniciará cierre de más de 200 mataderos en Colombia”-

(Noticia del 17 de junio de 2016)

Desde el 9 de agosto, el Invima empezará a cerrar de manera gradual 233 mataderos de bovinos y de cerdos que están en estado crítico en todo el país. La medida se tomará para el cumplimiento de una norma que fijó un plazo de tres años para que cumplieran con los requisitos mínimos de calidad.

El director del Invima, Javier Guzmán, explicó, según recogió RCN Radio, que este será “un plan gradual de cierre de aquellos mataderos o plantas de beneficio que no cumplen con los estándares sanitarios y que presentan un riesgo para la salud de los colombianos”. Estos establecimientos dejarán de funcionar en el plazo de un año, por lo que cada mes serán entre 18 y 20 los clausurados.

El principal motivo por el que se tomó esta decisión es por las precarias condiciones de salubridad que hay en muchos de estos lugares. Algunos de estos, no contaban ni siquiera con agua potable. Para no perjudicar la producción de carne en el país, los mataderos que tengan la infraestructura y cumplan con la normatividad mínima exigida por el Invima, serán los encargados de suplir las necesidades de los que sean cerrados.

Frente a lo anterior, Guzmán también manifestó que ante el riesgo de desabastecimiento y el aumento de los precios de la carne, en la institución que preside, cuentan con “actividades y estrategias que los mitigan. Nosotros sabemos que cuando cerramos el matadero de un municipio tenemos la planta que lo va a abastecer”.

“Nosotros sabemos que cuando cerramos el matadero de un municipio tenemos la planta que lo va a abastecer” Esta parte no se ha cumplido y es una de las razones que demuestran la ineficiencia del estado para solucionar esta problemática nacional.

El 2 de febrero del presente año, Blu Radio publicó esta información: “Pedirán al Invima suspender cierre de mataderos municipales en Santander”

Los 16 diputados de Santander, mediante una carta, solicitarán al Invima suspender cierre de mataderos para evitar escasez de carne y aumento en el precio del producto. El cierre de estos mataderos se efectuaría por no cumplir con la última normatividad expedida por el Invima. “Los más perjudicados son los comerciantes de carne en cada municipio, son por lo menos 80 mataderos que están en riesgo de ser cerrados, por eso le solicitaremos al Gobierno Nacional, suspender provisionalmente el decreto 1500”, afirmó el Presidente de la Asamblea, Carlos Alberto Morales Delgado.

A su turno, el alcalde de Cimitarra, Mario Fernando Pinzón, manifestó que “el cierre de la planta de sacrificio provocará problemas sociales y económicos en el municipio, porque al mes son sacrificadas en promedio 350 reses, que ahora tendrán que ser llevadas a frigoríficos en Bucaramanga o Barrancabermeja, aumentado el precio del producto final. La libra de carne terminará constando $10 mil pesos”, aseguró.

El 18 de mayo pasado “Caracol se refirió al tema en el departamento de Santander y publicó la siguiente información: “Desde que el Invima empezó a cerrar los mataderos o plantas de beneficio de Santander, los empresarios, consumidores, líderes y demás, denunciaron que este tipo de acciones incrementarían la ilegalidad en el comercio de cárnicos y de paso llevaría a la ruina a miles de familias que viven de este negocio en la región.

Hace poco por ejemplo el alcalde del municipio, El Socorro, Alfonso Lineros, le expresó públicamente al Alto Consejero de las Regiones, Carlos Correa, que: “uno de los problemas más difíciles que tiene el departamento se refiere a las plantas de beneficio, ¿Qué van a hacer todas las familias que viven de eso? les pedimos que por favor no hagan tantas exigencias a los municipios y a las ciudades intermedias donde, invertir 5 mil, 10 mil o 30 mil millones de pesos para una planta de beneficio resulta una suma muy alta, máxime cuando esta inversión no va tener el retorno que necesitan las comunidades”.

Por su parte el gobernador de Santander, Didier Tavera, envió un mensaje directo al gobierno nacional al señalar: “Sobre el decreto 1500 del 2000 del Ministerio de la Protección Social, nosotros estamos de acuerdo que cuando usted vaya exportar se debe cumplir con los estándares internacionales mínimos que se exigen, pero en lo que tiene que ver con el auto consumo, con que la autoridad ambiental pueda certificar su buen trabajo es suficiente; no entendemos porqué el Invima tiene que hacer una intervención frente a cada uno de los mataderos si aquí no se va a exportar carne, ni desde el municipio de Santa Helena del Opón, ni del municipio de El Carmen, ni del Socorro ni de San Andrés, ni de Contratación, ni de los municipios apartados. A demás esta es una Resolución que está afectado la productividad regional y como lo decimos aquí, esta Resolución resulta lesiva para la ciudadanía, por que como lo afirman nuestros alcaldes, la gente va a sacrificar los animales en los potreros y eso será entonces un problema aún más grave”.

Este tema ha generado diferentes reacciones además de las ya citadas, otra más se presentó en la Asamblea de Santander donde el diputado Óscar San Miguel hizo un fuerte énfasis en el incremento de mataderos clandestinos que ya empiezan a pulular y a tener impacto en la región. En ese momento el Diputado hizo llamado para que se adoptarán medidas contra este tipo de empresas delincuenciales que no tienen ningún control para manipular alimentos y pueden generar una epidemia o peor aún, un problema de salud pública.

En San gil, por ejemplo, empresarios de la plaza de mercado se pronunciaron a través de su Asociación legalmente constituida y le pidieron al gobierno, por diferentes formas, que les permitieran construir un nuevo matadero o planta de beneficio con préstamos o estrategias de financiación y, de esta forma, evitar el cierre y el desempleo que esto generaría en este municipio. Los comerciantes explicaron a demás que vienen de familias dedicadas al comercio cárnico desde hace mucho tiempo y cambiar de trabajo no resulta una medida adecuada en este momento por lo que le seguirán apostando a este negocio amparados en la ley, y para eso necesitan el apoyo del Invima y no su represión.

LA PLANTA DE SACRIFICIO EN CONTRATACIÓN SANTANDER

El departamento tiene 87 municipios y 80 de sus mataderos no cumplen los requisitos para su operación de acuerdo a lo establecido por el INVIMA. La gran mayoría se han cerrado y otros están a punto de recibir la orden.

El matadero de Contratación se debía cerrar el pasado 15 de junio, pero la gestión del alcalde Oriol Plata logro posponer la medida hasta el próximo 15 de julio. Nuestra condición de reclusorio de enfermos de Hansen, la existencia de una gran población discapacitada y la gran distancia con ciudades como San Gil y El Socorro, fueron algunos de los argumentos presentados por el alcalde ante la autoridad sanitaria para lograr esta nueva prórroga.

Dice el gobierno que al cerrar los mataderos, para evitar problemas en los municipios afectados, ofrece plantas de sacrificio reglamentarias donde podemos sacrificar o adquirir el producto – Oiba en nuestro caso – pero allí, nada se ha construido y la moderna planta regional, es solo un proyecto.

Una de las prohibiciones del Invima tiene que ver con las operaciones del matadero en el casco urbano de nuestro municipio; esto nos impide hacer mayor inversión en el actual, pues corremos el riesgo de perder los recursos y cometer delito fiscal.

Actualmente y con la expectativa de lo que pueda suceder a mediados del próximo mes con el cierre, adelantamos varias gestiones ante el gobernador Didier Tavera dijo el alcalde Oriol Plata Hernández: “Ya tenemos el lote y le hemos solicitado la asignación de recursos para la construcción de un nuevo matadero que podamos categorizar como de auto consumo, una segunda alternativa, estudiar la posibilidad de asociación con municipios como Guadalupe, Chima y el Guacamayo y proyectar la construcción de una planta regional. En tercer lugar que el departamento nos brinde el respaldo y logremos que la autoridad nos permita seguir operando como estamos, cumpliendo las mínimas exigencias del INVIMA”.

Como lo han manifestado los alcaldes, muchos de los requerimientos son imposibles de cumplir, los recursos no existen, construir una planta de 5 mil o 10 mil millones de pesos en un pueblo pequeño como Contratación, puede solucionar en parte el problema, pero pronto puede convertirse en una empresa inviable por la poca demanda y los gastos de su operación y mantenimiento.

Las cosas para los municipios no son tan fáciles y el mismo estado ha demostrado su incapacidad a la hora de cumplir los compromisos económicos y el desarrollo de sus proyectos. Hace por lo menos 15 años se viene hablando de las plantas de sacrificio en Colombia, no han sido capaces de solucionar los problemas en las grandes ciudades, es imposible creer que al final de cuentas, los pequeños poblados tengan que pagar las consecuencias.

SANTANDERRADIO.COM

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